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Para resolver los cargos presentados por la Comisión �鶹��ý de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) por estafar por millones de dólares a consumidores hispanohablantes de todo el país exigiéndoles el pago de deudas ficticias, los operadores de un esquema fraudulento de cobranza de deudas han aceptado someterse a una prohibición de carácter permanente que les impide actuar en el negocio de cobranza de deudas.

Este acuerdo resolutorio se deriva de una demanda presentada el año pasado por la FTC contra los demandados Centro Natural Corp., Sumore LLC, Carolina Orellana, Damian Biondi, Jessica Anzola, Javier Sumbre, y Susana Sumbre, en la cual se alegó que estos demandados amenazaron a los consumidores que se negaran a pagar deudas ficticias con demandas judiciales, arrestos e investigaciones sobre su estatus migratorio. Presuntamente, sus telemercaderes simularon estar llamando de parte de una corte de Florida para resolver un asunto legal. En la demanda también se imputa en carácter de codemandados para propósitos de recobro de daños a  Bionore Inc., Jager International Inc., Allianza Inmobiliaria Corp. y Jorge Sumbre que se beneficiaron con este esquema.

Bajo los términos de las órdenes de acuerdo propuestas, Sumore y los demandados individuales quedan sujetos a una prohibición que les impide participar en actividades de cobranza de deudas y telemercadeo, y les impone una prohibición de carácter permanente que les impide efectuar las tergiversaciones alegadas en la demanda y otras tergiversaciones materiales sobre cualquier producto o servicio. Estos demandados y los codemandados para propósitos de recobro de daños también tienen prohibido vender la información personal de los clientes u obtener algún otro beneficio por el uso de esa información.

Las órdenes de acuerdo imponen sentencias monetarias contra los demandados por un total aproximado de $6.8 millones de dólares que quedaron suspendidas luego de la transferencia de bienes por un valor aproximado de $776,000 dólares, incluidos bienes inmobiliarios localizados en Florida. En ambos casos, si se descubriera que los demandados tergiversaron su situación financiera, deberán asumir inmediatamente el pago total de la sentencia monetaria. La orden contra el codemandado para propósitos de recobro de daños Allianza Inmobiliaria establece una sentencia monetaria de $172,000 contra la compañía.

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar las órdenes propuestas para el interdicto de carácter permanente fue 5-0. Ambas órdenes fueron presentadas ante la Corte �鶹��ý de Distrito para el Distrito Sur de Florida.

NOTA: Las órdenes acordadas propuestas de carácter final adquieren fuerza de ley cuando son firmadas por el juez de la Corte de Distrito.

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